En tiempos de profundas crisis sociales y económicas, como los que atraviesa nuestro país, la necesidad de repensar el rol de las universidades se vuelve ineludible.
No podemos caer en los extremos delirantes de Javier Milei, que plantea asfixiar presupuestariamente a estas instituciones en pos de un déficit fiscal cero.
La respuesta a los problemas de la educación superior no reside en destruirla, sino en reformular sus funciones y alcances para contribuir no solo al ascenso social, sino también para superar las históricas y cíclicas tragedias socioeconómicas y los estériles enfrentamientos que nos han marcado.
La universidad argentina ha vivido dos momentos bisagra en su historia: la Reforma Universitaria impulsada por el radicalismo en 1918 y la transformación educativa durante el peronismo en la década del 50.
Ambos procesos, con sus luces y sombras, nos brindan valiosas lecciones que debemos tomar en cuenta.
Las luces y sombras del radicalismo y el peronismo
La Reforma Universitaria de 1918, promovida por el radicalismo, abrió las puertas a un proceso democratizador que buscaba la autonomía universitaria y el cogobierno.
Sin embargo, este avance tuvo limitaciones. A pesar de su retórica inclusiva, algunas de sus vertientes conservaban un sesgo elitista.
Las universidades, en la práctica, seguían siendo accesibles principalmente para las clases medias y altas. Las barreras económicas y sociales continuaban restringiendo la participación de sectores más vulnerables.
Además, el cogobierno entre estudiantes y docentes no siempre representaba la diversidad del estudiantado, perpetuando un círculo elitista que reflejaba más los intereses de una clase media emergente que los de toda la población.
Por otro lado, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se promulgó la Ley Universitaria Nº 14.297 en 1954, que ratificó la gratuidad de la educación superior y limitó la autonomía universitaria, alineándola con los intereses del Estado, que se mimitizó en el partido gobernante, en la etapa del excesivo personalismo del culto al líder. De lo que Perón hizo autocrítica y evitó en su tercer y corto mandato.
Esta intervención a la autonomía, aunque vista por muchos como un ataque a la libertad académica, fue justificada por Perón como una medida necesaria para democratizar el acceso y asegurar que la educación sirviera a las clases trabajadoras.
Se crearon la Universidad Obrera Nacional y escuelas técnicas, con el objetivo de formar a los trabajadores en oficios que respondieran a las necesidades de la industria nacional.
Ambos momentos históricos nos enseñan que la democratización de la educación es un proceso inacabado, y que las universidades deben adaptarse constantemente a las necesidades del país.
No obstante, las soluciones simplistas como las de Milei, que pretenden desfinanciar el sistema universitario en nombre de la eficiencia fiscal, nos alejan de cualquier mejora real.
Reformular las viejas y nuevas realidades
Hoy, el desafío es aún mayor. No podemos permitir que las universidades se sigan viendo como cajas de financiamiento partidarias, un problema persistente que distorsiona su función principal.
Además, el conocimiento que se brinda a los alumnos sigue fragmentado en unidades académicas burocratizadas, sin un enfoque holístico que promueva un pensamiento crítico integral.
Las nuevas tecnologías deben ser herramientas al servicio de un seguimiento más personalizado del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Un alumno no es solo un número en un padrón; su trayectoria debe estar acompañada de forma continua.
Esto solo es posible con una adecuada inversión en tecnología y con la estabilidad y salarios dignos que los docentes y no docentes merecen.
La investigación y la extensión universitaria también deben ser pilares fundamentales.
En un país con tantas problemáticas sociales urgentes, las universidades deben profundizar su inserción en la sociedad, trabajando codo a codo con los sectores más vulnerables.
En este sentido, la educación superior debe abrir sus puertas a todos, sin importar su condición social.
Es imperativo que, por ejemplo, un trabajador de comercio, un albañil o un asistente de oficina tengan la posibilidad de acceder a una educación universitaria, con horarios flexibles y modalidades que se adapten a sus necesidades.
La universidad debe ser, más que nunca, un derecho social al alcance de todos.
Autonomía, cogobierno y gratuidad con inserción social
Es fundamental que se mantenga la gratuidad, la autonomía y el cogobierno de nuestras universidades.
Sin embargo, esto debe ir acompañado de una verdadera y profunda inserción social.
No podemos hablar de autonomía si las universidades se aíslan en torres de marfil, desconectadas de la realidad del país.
El cogobierno tampoco debe convertirse en una mera formalidad burocrática; debe ser una herramienta de participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa -docentes, estudiantes, graduados y no docentes- y no cargos para beneficio personal o para algunos por sobre otros.
El camino no es fácil, pero es necesario. Las universidades deben ser motores de cambio social, no meros reproductores de una realidad desigual.
Solo a través de un sistema educativo inclusivo, adaptado a las necesidades del país y comprometido con su desarrollo, podremos superar las tragedias que nos han azotado por generaciones.
Repensar el rol de nuestras universidades es, en definitiva, repensar el futuro del país.
Y en ese futuro, la educación no puede ser vista como un gasto, sino como la inversión más valiosa para construir una Argentina más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todos.
