Mientras avanzan los incendios en la Patagonia, el Presupuesto 2026 recorta fondos clave -del 78%, subejecución y una ley que el Gobierno quiere derogar- y profundiza una crisis denunciada por brigadistas y ambientalistas.
Los incendios forestales vuelven a golpear con fuerza a la Patagonia y dejan al descubierto un escenario que se repite año tras año, pero con un agravante: menos recursos, menos prevención y un Estado nacional cada vez más corrido del frente. Miles de hectáreas de bosques nativos ya fueron arrasadas en Chubut, Río Negro y Neuquén, con focos activos en la Comarca Andina, El Chaltén y el Parque Nacional Los Alerces. Casas destruidas, animales muertos y comunidades enteras en vilo completan el cuadro.
En ese contexto, organizaciones ambientalistas, brigadistas y referentes políticos advierten que la situación no es solo climática o accidental, sino profundamente política.
Un recorte histórico en el combate del fuego
Según la Ley de Presupuesto 2026, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con apenas $20.131 millones. Esto implica una caída real del 69% respecto de 2023 y del 78,5% en comparación con 2025, de acuerdo con un comunicado firmado por 18 organizaciones, entre ellas Greenpeace, FARN, Abogados Ambientalistas y el Observatorio Petrolero Sur.
El dato no aparece aislado. Durante 2024, el Gobierno nacional ejecutó solo el 22% del presupuesto asignado al SNMF, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016. En 2025, la historia se repitió: quedó sin ejecutar el 25% de los recursos, unos $20.000 millones que podrían haberse destinado a equipamiento, infraestructura, capacitación y mejoras laborales para brigadistas.
Menos prevención, menos medios, más riesgo
El ajuste también se refleja en las metas operativas. Para 2026 se proyectan apenas 3.100 horas de vuelo para combate aéreo, muy por debajo de las 5.100 previstas en 2023 (de las cuales ya entonces solo se ejecutaron 3.058).
A esto se suma la caída en los informes de alerta temprana y evaluación de riesgo: de 2.310 previstos en 2025 se pasará a 1.850 en 2026. Menos información, menos anticipación y más incendios fuera de control.
“Los fuegos se apagan en invierno”, repiten brigadistas y especialistas, marcando que sin políticas de prevención sostenidas, el combate llega siempre tarde.
Brigadistas precarizados y salarios licuados
Alejo Fardjoume, trabajador de Parques Nacionales, fue contundente al describir la situación laboral. Desde que asumió Javier Milei, denunció un desfinanciamiento del 69% en prevención y manejo del fuego y una pérdida salarial de entre el 50 y el 60%.
Hoy, un brigadista de Parques Nacionales cobra alrededor de $610.000 en la zona centro del país y $850.000 en Patagonia, cifras que contrastan con el riesgo extremo, las largas jornadas y la falta crónica de equipamiento. “Las herramientas nunca alcanzan”, resumió.
“La caída del presupuesto degrada todas las tareas del año, no solo el combate”, advirtió, y cuestionó la mirada del Estado nacional sobre en qué y para qué se gasta.
La Ley de Manejo del Fuego, en la mira
Como si el ajuste no fuera suficiente, el Gobierno anunció su intención de derogar la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020. La norma prohíbe modificar el uso del suelo entre 30 y 60 años en zonas incendiadas, con el objetivo de desalentar incendios intencionales ligados a negocios inmobiliarios o productivos.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el mes pasado la intención oficial, y legisladores libertarios ya impulsan proyectos en ese sentido. Máximo Kirchner, autor de la ley, pidió al Presidente que desista: “La única actividad que esta ley desincentiva es prender fuego para expulsar productores y entregar tierras al lobby inmobiliario. Negocio para pocos, desastre para muchos”.
Críticas desde el Congreso y desde el territorio
El diputado nacional Pablo Todero (Unión por la Patria – Neuquén) también apuntó contra el Gobierno nacional. “Los incendios siempre existieron, el problema es cómo se enfrentan, cómo se previenen y con qué recursos. La Ley de Manejo del Fuego está desfinanciada”, señaló.
Todero remarcó que muchos focos se desarrollan en territorios nacionales y rechazó que se responsabilice a las provincias: “En la medida que pueden, actúan. El problema es que a la Nación no le importa”.
Desde Trevelin, Omayra Rocha Aravena, brigadista vecinal, describió el impacto humano y ambiental: “La angustia es general. Vemos cómo año a año se pierden bosques que tardan décadas en recuperarse”. También vinculó la magnitud de los incendios con la crisis climática y la sequía prolongada, un factor que —según denunció— el Gobierno evita mencionar.
Un patrón que se repite
Menos presupuesto, subejecución, brigadistas precarizados y una ley clave bajo amenaza configuran un escenario que explica por qué cada verano la Patagonia vuelve a arder. Mientras el fuego avanza, el Estado nacional se retira, y la emergencia ambiental se transforma en una crisis social, productiva y humana de largo plazo.
