El reciente anuncio del programa de ajuste ortodoxo en Argentina, diseñado a medida del FMI e implementado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, plantea preocupaciones significativas sobre su impacto en la sociedad. Si bien se busca estabilizar la economía y generar confianza en el mercado, las medidas propuestas, como el aumento en los combustibles, las retenciones a la producción primaria y la reimposición del impuesto a las ganancias, presentan riesgos considerables.
El incremento en los combustibles, si bien puede ser una fuente de ingresos para el Estado, elevará los costos de transporte, con traslado a precios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Las retenciones generalizadas a la producción primaria plantean un riesgo para los productores y trabajadores del sector agropecuario, mientras que la reimposición del impuesto a las ganancias impactará negativamente en trabajadores y jubilados que superen ciertos umbrales.
Es crucial destacar que estas medidas no solo tienen implicaciones económicas, sino eminentemente sociales. Los recortes en el gasto público, comúnmente asociados con programas sociales y de bienestar, aumentará la brecha entre sectores socioeconómicos. Asimismo, ajustes de este tipo tienen efectos adversos en el empleo y los salarios, contribuyendo a una mayor desigualdad económica.
Ante este escenario, es imperativo que el gobierno nacional evalúe detenidamente los costos sociales del ajuste económico. La consideración de alternativas que minimicen el impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad se vuelve esencial. En última instancia, la estabilidad económica debe perseguirse sin perder de vista los valores de equidad y justicia social, aunque los libertarios renieguen de ello.
Estás advertencias, realizadas en distintos programas de radio La Mira, no abonaron ninguna campaña del miedo. Simplemente se advirtió lo que se venía con Milei.
