El reciente caso de presunta violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández ha sacudido profundamente a la política argentina.
Sin embargo, este hecho, por más escandaloso que sea, no debe servir como excusa para que el gobierno de Javier Milei avance en su agenda de desmantelamiento del Estado, una estrategia que amenaza con profundizar el empobrecimiento general de la población y beneficiar a una élite privilegiada.
Es fundamental recordar que la presunción de inocencia es un pilar del sistema judicial. Alberto Fernández, como cualquier ciudadano, tiene derecho a un proceso justo y a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Este caso, aunque impactante, no debe ser manipulado para justificar políticas que erosionan el tejido social y económico del país.
Históricamente, filósofos y pensadores como Noam Chomsky han advertido sobre cómo las élites pueden manipular a las masas sobredimensionando ciertos hechos para desviar la atención de cuestiones más fundamentales, como la transferencia de riqueza hacia los sectores más acomodados.
Chomsky, en su obra Los guardianes de la libertad, explica cómo los medios de comunicación y la clase política pueden crear una narrativa que distraiga a la población de los verdaderos problemas estructurales, como la creciente desigualdad económica.
El peronismo, en lugar de quedar atrapado en este escándalo, tiene la responsabilidad de actualizarse tanto doctrinaria como políticamente.
Es imperativo que el movimiento recupere su capacidad de representar a las mayorías populares, adaptándose a los desafíos del presente y construyendo un proyecto que enfrente las crecientes desigualdades.
En su libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos advierten que las democracias ya no mueren a manos de golpes militares, sino a través de la elección de autócratas mediante el voto popular.
Los autores destacan cómo líderes que llegan al poder democráticamente pueden socavar las instituciones desde dentro, debilitando las normas que sostienen la democracia, como la tolerancia mutua y la contención institucional.
A través de procedimientos legales y manipulaciones institucionales, estos líderes concentran el poder, restringen la prensa y debilitan a la oposición, erosionando las bases democráticas.
La agenda de Milei, que incluye el desmantelamiento de instituciones como el INADI, representa un peligro claro para la cohesión social y la protección de los derechos de los más vulnerables, pero fortalece el sistema de espionaje ¿Sugestivo o instrumentos para conseguir metas?
El desmantelamiento del Estado, bajo el pretexto de enfrentar un caso particular, no solo amenaza con destruir las bases del Estado de Derecho, sino que también perpetúa un sistema donde la riqueza y el poder están concentrados en manos de unos pocos.
La justicia debe seguir su curso, y quienes sean culpables de delitos deben recibir el castigo que la ley imponga.
No obstante, es necesario que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías y sin permitir que la situación sea utilizada como herramienta política para avanzar en agendas que solo profundizarán la crisis social y económica que ya afecta a 26 millones de argentinos, en estado de pobreza.
Los argentinos conocemos demasiado bien las consecuencias de un Estado que se convierte en una máquina genocida, como ocurrió durante la última dictadura militar.
Debemos estar alertas para que, en nombre de la justicia, no se socaven las bases de nuestra democracia y del bienestar común.
