La reciente caída del proyecto de insistencia a la ley de movilidad jubilatoria vetada por Javier Milei, sumada a las tensiones en torno a la ley de financiamiento universitario, nos debe llamar a reflexionar sobre el nexo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Argentina, en una relación siempre asimétrica.
Las preguntas son inevitables: ¿qué motiva a los legisladores a cambiar de posición? ¿Estamos ante una manipulación que mercantiliza sus convicciones o su postura responde a la lógica implacable del ajuste fiscal?
En un sistema presidencial fuerte como el argentino, estas dudas no solo son razonables, sino también históricamente pertinentes.
Desde la Antigüedad, pensadores como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la corrupción en el poder.
Platón, en La República, ya alertaba sobre la posibilidad de que los líderes manipularan a los legisladores para mantener el control.
Más tarde, en el Renacimiento, Maquiavelo, en El Príncipe, fue aún más explícito al argumentar que los gobernantes debían coaccionar o manipular a los legisladores para garantizar su poder.
Esta dinámica, que sugiere una relación tensa y a veces corrupta entre los poderes del Estado, ha sido un tema recurrente en la historia política.
Durante la Ilustración, Montesquieu, uno de los más grandes defensores de la separación de poderes, reconoció que el Ejecutivo siempre tendría una influencia sobre el Legislativo, aunque trató de diseñar un sistema que limitara esa interferencia.
A pesar de sus esfuerzos, en muchos sistemas presidenciales contemporáneos, esa tensión parece inclinarse peligrosamente a favor del Ejecutivo.
En el siglo XXI, académicos como Eric Posner y Adrian Vermeule, en su obra La ley y el Leviatán: redimiendo el Estado administrativo, sostienen que los sistemas presidenciales fuertes facilitan el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo.
Ambos académicos estadounidenses, asociados a la Universidad de Chicago y Harvard, respectivamente, sugieren que el poder del Ejecutivo ha crecido tanto que a menudo coacciona o induce a los legisladores a cambiar sus posturas por conveniencia o incluso beneficio personal.
Esta crítica apunta a una corrupción contemporánea, no siempre visible, pero sin duda presente en los sistemas políticos actuales.
El caso argentino: el ajuste fiscal por encima de todo
En Argentina, la situación se torna aún más alarmante cuando observamos los recientes episodios legislativos. Milei ha insistido en la reducción del déficit fiscal como eje central de su gobierno, utilizando este argumento para vetar la ley de movilidad jubilatoria y ahora para bloquear el financiamiento universitario.
Sin embargo, lo que llama la atención no es solo su insistencia insensible en los recortes, sino la facilidad con la que los legisladores, en muchos casos, han cambiado de postura o no han defendido con firmeza las necesidades sociales.
¿Estamos presenciando una venta de convicciones? Es tentador pensar que sí, especialmente cuando el Ejecutivo no presenta más fundamentos que la fría lógica del ajuste fiscal.
Pero la realidad es más compleja. La influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, como advierten Posner y Vermeule, puede ser sutil y manifestarse en forma de coacción, promesas de favores o incluso amenazas veladas.
Así, el Parlamento, que debería ser un contrapeso al poder, se convierte en un actor pasivo o cómplice de decisiones que afectan profundamente la vida de los ciudadanos.
La peligrosa normalización de la manipulación
Cuando la ciudadanía percibe que los legisladores no actúan en función del bienestar común, sino que mercantilizan sus posturas, el tejido democrático se debilita.
En sistemas presidenciales fuertes como el de Argentina, esta percepción no es infundada. La historia y la filosofía política nos enseñan que la manipulación y la corrupción son tentaciones recurrentes en cualquier gobierno.
Sin embargo, es nuestra responsabilidad como sociedad exigir transparencia y coherencia en las decisiones legislativas, especialmente cuando éstas afectan a sectores tan vulnerables como los jubilados y los estudiantes.
Hoy más que nunca, debemos preguntarnos: ¿los parlamentarios representan realmente a sus electores o se han convertido en simples ejecutores de las políticas del Ejecutivo? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra democracia.
