Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el panorama económico ha estado marcado por una descomunal pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Esta tendencia revela una preocupante realidad: los sectores más vulnerables están pagando el precio del llamado «ajuste justo», una política que, en la práctica, se traduce en la transferencia de recursos desde los sectores postergados hacia los más privilegiados.
Uno de los pilares de esta política ha sido la propuesta de eliminar la legislación laboral protectora, bajo la falacia de que esto impulsaría la creación de empleo. Sin embargo, debemos recordar que discutir una actualización de la legalización laboral no implica retroceder al siglo dieciocho, sino más bien buscar un equilibrio justo entre los derechos de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral.
La llamada «industria del juicio» también ha sido objeto de críticas por parte de quienes defienden estas políticas.
Sin embargo, es importante señalar que eliminar las protecciones legales de los trabajadores solo beneficia a aquellos que buscan un sistema que permita el trabajo esclavo, en lugar de garantizar condiciones laborales dignas y justas.
Los datos del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA son contundentes: el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha sufrido una caída del 34,1% desde que Milei asumió el cargo, en un contexto donde la inflación ha alcanzado el 110%. Esta situación es especialmente preocupante dado que el salario mínimo es crucial para asegurar condiciones de vida dignas para la población.
A pesar de estas cifras de fuerte caída, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil ha mostrado una falta de acción significativa para abordar esta crisis.
La tardía convocatoria a reuniones y la ausencia de medidas concretas para revertir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores reflejan una preocupante indiferencia hacia las condiciones de vida de la población trabajadora.
En conclusión, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios bajo la administración de Javier Milei no solo refleja un fracaso en proteger a los sectores más vulnerables, sino que también pone en entredicho la validez de las políticas económicas basadas en el supuesto de la infalibilidad del mercado y el «ajuste justo».
Es hora de priorizar políticas que garanticen condiciones laborales dignas y equitativas para todos los trabajadores, y condiciones para la inversión, en la alianza equitativa de capital y trabajo.
