Emerge una peligrosa estrategia de coerción por parte del presidente Javier Milei hacia los gobernadores provinciales.
Esta estrategia, que parece emular tácticas de tiempos pasados, busca forzar la adhesión al nuevo texto de la denominada ley bases u ómnibus, particularmente en su capítulo fiscal.
El lema propagado por Milei, «sin la ley bases no hay plata», revela una amenazante realidad: el intento de ahogar financieramente a las provincias que no se sumen al feroz ajuste propuesto.
Este enfoque, aunque el Estado nacional experimenta un aumento en la recaudación a través de fondos no coparticipables como el impuesto PAIS, plantea un escenario peligroso para aquellos territorios que buscan preservar su autonomía y proteger los intereses de sus ciudadanos. Porque la intención de Milei es llevar las consecuencias del conflicto de su ajuste a los gobernadores.
Las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, son claras al expresar que las decisiones tomadas a nivel nacional no deberían perjudicar a las provincias.
Su firme postura refleja la preocupación legítima por el bienestar de su comunidad, especialmente en áreas críticas como la educación y la salud.
Es imperativo recordar que la diversidad de realidades provinciales exige un enfoque flexible y colaborativo en la construcción de políticas públicas.
Coaccionar a los gobernadores para que acaten medidas que podrían impactar negativamente en sus jurisdicciones no solo es injusto, sino que también socava los principios fundamentales de la democracia y la federación.
Ante esta situación, es vital que los líderes provinciales se mantengan firmes en la defensa de los intereses de sus ciudadanos, resistiendo cualquier intento de imposición externa que pueda comprometer su autonomía y desarrollo.
La cooperación y el diálogo constructivo entre el gobierno nacional y las provincias son esenciales para construir un país más justo y equitativo, donde cada región pueda prosperar en función de sus necesidades y potencialidades.