* Raúl Ayala
La política económica implementada por Javier Milei ha desencadenado un ajuste brutal que está afectando gravemente a las provincias argentinas, evidenciando una caída significativa en las transferencias automáticas y no automáticas de fondos.
Este ajuste, considerado el más drástico en 30 años según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), está generando consecuencias devastadoras para la administración provincial y sus servicios esenciales.
En abril de 2024, las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 20% real interanual, y en el primer cuatrimestre del año, la caída acumulada fue del 19%, situando la coparticipación en su nivel más bajo de los últimos nueve años.
El informe del IARAF revela que, ajustadas por inflación, las transferencias automáticas cayeron un 20,6% en abril, reflejando la recesión económica que ha mermado los recursos coparticipables.
La situación se agrava con la caída en la recaudación de impuestos clave como Ganancias, que disminuyó un 35,6% real interanual, y el IVA, con una baja del 8,7%. Estas caídas profundizan la falta de fondos para las provincias, muchas de las cuales ya están en crisis.
El caso de Misiones, con su conflicto policial, es un claro ejemplo de las tensiones sociales derivadas de la falta de recursos. En provincias con cuentas ordenadas como Formosa, surge la pregunta de cuánto tiempo podrán sostener sus gastos corrientes frente a esta caída de ingresos y la falta de un plan de estabilización sustentable.
La preocupación en Formosa se centra en el sostenimiento del déficit de la Caja de Previsión Social, de donde se pagan las jubilaciones, y es una cuestión crítica para la estabilidad financiera de la provincia.
Las transferencias discrecionales también han sufrido una reducción drástica, con recortes superiores al 90% en muchas provincias durante los primeros cuatro meses de 2024.
La Pampa, La Rioja, San Luis y otras regiones han experimentado ajustes casi totales, lo que pone en riesgo la capacidad de los gobiernos provinciales para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos.
El escenario económico nacional agrava aún más la situación. En marzo, la economía cayó un 8,4% interanual, marcando la séptima caída consecutiva y profundizando la recesión.
La actividad económica ha estado en declive desde septiembre del año pasado, con sectores clave como la construcción y la industria manufacturera registrando caídas significativas.
El gobierno nacional, sin un plan claro de recuperación, enfrenta el desafío de estabilizar la economía mientras intenta reducir la inflación y mantener el superávit comercial.
Sin embargo, la pérdida de empleos y la caída del consumo siguen siendo problemas críticos que requieren atención urgente.
La conclusión es preocupante, las medidas económicas de Javier Milei están teniendo efectos devastadores en las provincias argentinas, exacerbando la crisis económica y social.
Y sin un plan de estabilización sostenible y una revisión de las políticas de ajuste, las provincias continuarán enfrentando un panorama sombrío que amenaza la calidad de vida de sus habitantes y la estabilidad del país.
