Ocurrió en Misiones, durante un denominado «rito de ascenso». Entre otras cosas, lo obligaron a tirarse a una pileta con poca agua.
Según la investigación, Verón fue sometido a un supuesto “festejo de bautismo” en el que le habrían exigido ingerir grandes cantidades de alcohol, realizar ejercicios físicos extenuantes y lanzarse repetidas veces a una pileta con poca agua, instancia en la que sufrió una lesión medular irreversible que derivó en su actual condición de paraplejia. Para la fiscalía, el contexto configuró un escenario de abuso de autoridad, tratos crueles y abandono de persona agravado, incompatible con los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos y con las obligaciones de cuidado que pesan sobre mandos militares frente a soldados bajo su tutela.
Los nueve imputados, que revisten distintos rangos dentro del Regimiento de Monte 30, enfrentarán cargos por abuso de autoridad, lesiones gravísimas y abandono de persona agravado, delitos que podrían implicar penas de varios años de prisión efectiva en caso de condena. La elevación a juicio se apoya en testimonios de compañeros de Verón, informes médicos y documentación interna del Ejército, que describen una práctica informal pero tolerada de “bautismos” y rituales de iniciación, carente de controles institucionales efectivos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el expediente pone en debate la responsabilidad del Estado frente a prácticas naturalizadas que, bajo la lógica del “aguante” o la “camaradería”, implican en realidad tratos degradantes y violencias jerárquicas. Organizaciones especializadas sostienen que, aunque se trata de un caso individual, expone un patrón más amplio de déficits en la prevención, investigación y sanción de hechos de violencia institucional en ámbitos castrenses, donde la cadena de mando y el cierre corporativo dificultan la denuncia temprana.
