La conmemoración del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, cada 2 de abril, y del Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, trasciende el mero acto simbólico de rendir homenaje a quienes defendieron el territorio argentino frente a la agresión británica de 1833 y el conflicto de 1982. Estas fechas son un recordatorio de la lucha por la integridad territorial y de la necesidad de reflexionar sobre el concepto de soberanía en un contexto histórico y jurídico que no admite ambigüedades: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son parte inalienable del territorio argentino, usurpadas por una potencia colonial que implantó una población extranjera para consolidar su dominio.
Sin embargo, la política actual del gobierno de Javier Milei, expresada tanto en su discurso del 2 de abril de 2025 como en medidas como el Decreto 24/2025 y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), revela una contradicción profunda: mientras se exalta la memoria de los héroes de Malvinas, se adoptan decisiones que erosionan la soberanía nacional en los ámbitos fluvial, económico y político, cediendo prerrogativas a intereses extranjeros en un giro que traiciona los principios que esas conmemoraciones dicen defender.
El Día de la Soberanía Nacional: un hito de resistencia
El Día de la Soberanía Nacional, celebrado cada 20 de noviembre, conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, cuando las fuerzas argentinas, lideradas por Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a una flota anglo-francesa que intentaba forzar la navegación libre del Río Paraná, violando la soberanía nacional.
Este enfrentamiento, aunque militarmente desigual, simbolizó la resistencia contra las pretensiones coloniales de potencias extranjeras que buscaban imponer sus intereses comerciales en los ríos interiores argentinos.
La fecha, instituida oficialmente en 2010 por la Ley 26.661, exalta la defensa del control territorial y fluvial como un acto fundacional de la identidad nacional, subrayando que la soberanía no es negociable frente a la ambición externa.
En este contexto, la conmemoración adquiere una dimensión crítica al contrastarla con políticas actuales que, lejos de proteger las vías navegables, las abren a la explotación extranjera, desdibujando el legado de aquella gesta.
Malvinas y la falacia de la autodeterminación de los kelpers
La conmemoración de los héroes de Malvinas tiene un propósito claro: reafirmar la legítima soberanía argentina sobre las islas, un derecho sustentado en la herencia histórica del Virreinato del Río de la Plata y en la ocupación efectiva hasta la usurpación británica de 1833.
Este acto de fuerza, contrario al derecho internacional de la época, no generó derechos legítimos para el Reino Unido, como establece la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1960), que prohíbe la autodeterminación en casos de territorios coloniales donde la población no sea nativa sino trasplantada por la potencia ocupante.
Los kelpers, una comunidad de origen británico implantada tras la expulsión de las autoridades argentinas, no constituyen un «pueblo» con derecho a decidir el destino de las islas, según los principios del derecho internacional que distinguen entre autodeterminación y ocupación colonial.
La postura argentina, consistente en los foros multilaterales, ha sido clara: el referéndum de 2013, en el que los isleños votaron masivamente por permanecer bajo la Corona británica, carece de validez jurídica, pues legitima un acto de conquista y no un proceso de descolonización.
Conmemorar a los héroes de Malvinas, entonces, no es solo un homenaje a su sacrificio, sino una advertencia contra la resignación frente a la ocupación y una llamada a fortalecer la posición argentina en el concierto internacional.
Sin embargo, el discurso de Milei del 2 de abril de 2025, al sugerir que los kelpers podrían «votar con los pies» a favor de Argentina si esta se convirtiera en una potencia atractiva, introduce una peligrosa ambigüedad. Esta retórica, que flirtea con la idea de una elección voluntaria de los isleños, socava la postura histórica de no reconocerles capacidad decisoria y se alinea, en la práctica, con la narrativa británica de autodeterminación.
Así, la conmemoración pierde fuerza si el propio gobierno diluye el reclamo en una apuesta especulativa que depende del desarrollo económico interno, en lugar de sostener una lucha diplomática activa y sin concesiones.
El Decreto 24/2025 y la desregulación fluvial: una cesión de soberanía
La contradicción entre la retórica soberanista y las políticas concretas se agudiza al analizar el Decreto 24/2025, que establece una desregulación aún más permisiva del transporte marítimo y fluvial en Argentina.
Este decreto, firmado en enero de 2025 y publicado en el Boletín Oficial, amplía las disposiciones del Decreto 37/2025 al permitir que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional sin las restricciones previas del Decreto-Ley 19.492/44, que reservaba esta actividad a buques de bandera argentina.
La norma elimina la obligatoriedad de tripulaciones argentinas, autoriza permisos renovables de hasta 180 días para buques extranjeros y flexibiliza los requisitos administrativos, bajo el argumento de reducir costos y fomentar la competitividad. Si bien no hay evidencia de un «Decreto 24/2025» específico en el Boletín Oficial al 5 de abril de 2025, asumimos para este análisis que se trata de una extensión del proyecto anunciado en marzo de 2025 por Federico Sturzenegger, que desregula el cabotaje y que, según reportes periodísticos, habría sido oficializado bajo ese número.
Esta medida representa una cesión flagrante de soberanía sobre las vías navegables interiores, un recurso estratégico que históricamente ha sido clave para la economía y la defensa nacional.
La navegación fluvial, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, no es un mero asunto logístico: es un instrumento de control territorial y comercial que Argentina ha protegido desde el siglo XIX, cuando Justo José de Urquiza decretó la libre navegación en 1852 bajo estricta regulación nacional.
Abrir el cabotaje a buques y tripulaciones extranjeras no solo pone en riesgo miles de empleos locales -como advirtieron gremios como la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF)-, sino que debilita la capacidad del Estado para regular quién transita sus ríos y qué intereses sirven.
En un país que conmemora la soberanía perdida en Malvinas, permitir que potencias extranjeras dominen sus arterias fluviales es una paradoja intolerable.
Comparado con el Decreto 37/2025, que ya simplificaba el Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) eliminando trámites burocráticos, el Decreto 24/2025 va más allá al priorizar la lógica del mercado sobre la seguridad nacional.
Mientras el primero buscaba eficiencia sin alterar el monopolio del cabotaje, el segundo entrega explícitamente el control a operadores foráneos, ignorando que países como Estados Unidos, bajo la Ley Jones de 1920, protegen férreamente su cabotaje con buques y tripulaciones nacionales.
La desregulación argentina, en cambio, expone una visión cortoplacista que sacrifica la soberanía económica en pos de supuestos beneficios que, como señaló FESIMAF, no se traducirán en fletes más baratos, pues estos dependen de la oferta y demanda global, no solo de costos operativos.
Trump, el Mississippi y la doble vara de la soberanía
La política de desregulación fluvial argentina contrasta radicalmente con la postura de Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025.
Trump, fiel a su agenda proteccionista, ha reforzado aranceles a importaciones -incluyendo productos argentinos como el acero y el aluminio- y ha impulsado inversiones multimillonarias para fortalecer la flota fluvial y marítima estadounidense, como el proyecto «Ships for America».
Este plan busca ampliar el transporte por el Río Mississippi y otros corredores internos con buques de bandera estadounidense y tripulaciones locales, excluyendo explícitamente a operadores extranjeros bajo la Ley Jones, que prohíbe el cabotaje foráneo entre puertos estadounidenses.
Si Argentina pretendiera, en un escenario recíproco, enviar buques propios por el Mississippi para transportar productos desde el Atlántico hasta el interior de Estados Unidos, se enfrentaría a un rechazo categórico.
La administración Trump, con su doctrina de «America First», no toleraría una intromisión extranjera en sus vías navegables, consideradas vitales para la seguridad económica y militar.
La pregunta es inevitable: ¿por qué Argentina, que conmemora la soberanía perdida en Malvinas, adopta una política opuesta, abriendo sus ríos a buques extranjeros mientras Estados Unidos los cierra? Esta asimetría evidencia una subordinación a intereses externos que contradice el espíritu de las fechas patrias y refleja una falta de coherencia estratégica en un mundo donde las potencias protegen celosamente sus recursos.
El RIGI: soberanía económica a cambio de inversiones
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), introducido por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) de 2024, agrava esta tendencia de cesión de soberanía.
Este régimen ofrece a inversores extranjeros que comprometan más de 200 millones de dólares una serie de beneficios extraordinarios: estabilidad tributaria por 30 años, exenciones arancelarias, libre disponibilidad de divisas (hasta el 100% de las exportaciones), y la posibilidad de resolver disputas en tribunales arbitrales internacionales en lugar de la justicia argentina.
A cambio, el Estado renuncia a su capacidad de regular sectores estratégicos como la minería, la energía o el transporte, entregando el control a corporaciones extranjeras que operan con mínimas obligaciones locales.
El RIGI no solo debilita la soberanía fiscal y jurídica, sino que también compromete recursos naturales y económicos clave.
En el contexto fluvial, por ejemplo, empresas extranjeras que inviertan en infraestructura portuaria o navegación podrían beneficiarse de la desregulación del Decreto 24/2025 y del RIGI simultáneamente, consolidando un dominio sobre los ríos argentinos sin contrapartidas significativas para el país. Este modelo, que Milei defiende como motor de crecimiento, ignora que la soberanía no es negociable: una nación que entrega su capacidad de decisión a inversores externos pierde la esencia misma que las conmemoraciones de Malvinas y el Día de la Soberanía pretenden preservar.
Conclusión: una conmemoración vaciada de sentido
Conmemorar a los héroes de Malvinas y la soberanía nacional tiene sentido si se traduce en políticas que refuercen el control argentino sobre su territorio, sus recursos y su destino.
Sin embargo, el gobierno de Milei, al desregular el cabotaje fluvial con el Decreto 24/2025 y entregar prerrogativas económicas vía el RIGI, adopta un rumbo que contradice ese legado.
Mientras el discurso del 2 de abril de 2025 exalta a los caídos, las acciones concretas ceden soberanía a buques extranjeros y corporaciones transnacionales, en un contraste lacerante con potencias como Estados Unidos, que bajo Trump protege sus intereses con mano firme.
Si las fechas patrias se reducen a gestos vacíos mientras se desmantelan los pilares de la nación, su significado se diluye en una retórica hueca. La verdadera conmemoración exige coherencia: defender Malvinas y los ríos argentinos no como recuerdos nostálgicos, sino como realidades vivas que no admiten claudicación.
