En la Argentina actual, el debate sobre el ajuste fiscal y la estabilidad económica está en el centro de la escena política. Sin embargo, la discusión ha adquirido un tono alarmante cuando se plantea la posibilidad de sacrificar el bienestar de más de 25 millones de argentinos -arrojados a la pobreza- en nombre del equilibrio fiscal.
La política de ajuste a cualquier costo, promovida fervientemente por Javier Milei, desfinancia al Estado nacional, a las provincias y a los municipios, arrastrando consigo los pilares fundamentales del tejido social argentino.
El Senado se prepara para debatir dos iniciativas que ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados y que representan un desafío directo al rigor fiscal defendido por la administración libertaria. Los proyectos, que buscan recomponer los haberes jubilatorios y garantizar el financiamiento de las universidades, han recibido el apoyo de una significativa porción de la oposición, generando una disyuntiva crucial: avanzar en políticas que prioricen a los sectores más vulnerables o continuar por el camino del ajuste extremo que, hasta ahora, solo ha profundizado la desigualdad.
De convertirse en ley tal como fueron aprobadas en la Cámara baja, estas medidas implicarían un costo fiscal de más de medio punto del PBI, lo que representa aproximadamente la mitad del superávit alcanzado durante los primeros seis meses de gestión de Milei. Este superávit, logrado a costa de recortes severos en áreas clave como salud, educación y protección social, se ve amenazado, según la intransigencia del relato oficial, por la necesidad imperiosa de corregir las injusticias que han generado dichas políticas.
El proyecto de incremento de los haberes jubilatorios, que ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones, es un claro ejemplo de la urgencia social que se busca atender. Aprobado con el respaldo de radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales, establece una recomposición del 8,1% de inflación no reconocida en la actualización de enero, así como un nuevo esquema de movilidad que asegura que las jubilaciones estén por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Asimismo, introduce una cláusula gatillo anual para ajustar las jubilaciones automáticamente en caso de que los salarios suban por encima de la inflación, y exige el cumplimiento de las deudas pendientes con las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales al Estado nacional.
No obstante, el oficialismo y el Pro, alineados con la política de ajuste de Milei, se han opuesto firmemente a estas propuestas, argumentando que comprometen la estabilidad fiscal. Pero ¿qué significa realmente esta estabilidad cuando se logra a expensas del bienestar de la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué tipo de país estamos construyendo si priorizamos las cifras macroeconómicas sobre la dignidad y el futuro de millones de argentinos?
Lo más grave de esta situación es el adelanto del poder de veto que Javier Milei podría ejercer sobre cualquier ley que pretenda fondos presupuestarios, como recomponer las jubilaciones o garantizar la financiación de las universidades.
Un veto que, de concretarse, significaría el cierre definitivo de cualquier posibilidad de progreso para los sectores más vulnerables y una condena a la pobreza para millones de personas.
Es crucial que el Senado actúe con responsabilidad y humanidad al abordar estas iniciativas. No se trata solo de números, sino de la vida de millones de argentinos que dependen de un Estado presente y activo para garantizar sus derechos más básicos. El ajuste fiscal no puede ser la única respuesta en un país que necesita con urgencia políticas inclusivas, que promuevan el desarrollo y la equidad.
El verdadero desafío para la Argentina no está en mantener un superávit fiscal a cualquier costo, sino en encontrar un equilibrio que permita el crecimiento económico sin desmantelar el Estado y sin dejar a la mayoría de la población en la miseria. El futuro del país depende de las decisiones que se tomen hoy, y no podemos permitir que el ajuste extremo se convierta en una condena para las próximas generaciones.
Y si Milei no la ve y veta, el Congreso deberá ejercer su poder de establecer esas leyes con otra votación.
