* Raúl Ayala
En tiempos recientes, ha cobrado fuerza un movimiento negacionista que pretende reescribir la dolorosa historia de nuestro país.
La visita de diputados nacionales a represores condenados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, y la retórica de negación sostenida por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, representan una grave amenaza para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.
El avance de estos negacionistas no es un fenómeno aislado. Hace eco de la «banalidad del mal» de Hannah Arendt, quien nos enseñó que la indiferencia y la trivialización de los crímenes atroces pueden sembrar las semillas para la repetición de esos dolorosos sucesos.
Negar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar es un intento de reescribir una historia que ha dejado cicatrices profundas en nuestra sociedad.
Los represores cometieron crímenes atroces como tortura, desaparición forzada y asesinato. Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”, es uno de los rostros más emblemáticos de esta barbarie.
Se infiltró entre los familiares de desaparecidos, traicionando a quienes buscaban a sus seres queridos, y participó en el secuestro y asesinato de figuras icónicas como Azucena Villaflor y las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Estos actos no pueden ser ignorados ni minimizados.
Defender a los represores y negar sus crímenes es un ataque directo al derecho a la justicia de las víctimas y sus familias.
La impunidad alienta la repetición de estos crímenes, socavando los principios fundamentales de justicia y verdad. Olvidar el pasado nos condena a repetirlo, y cada paso hacia la negación es un paso hacia la impunidad.
Más allá de la postura de Villarruel, la semana pasada un grupo de seis diputados nacionales del bloque La Libertad Avanza participó de una recorrida por el penal de Ezeiza y visitó a militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
Entre ellos se encontraban Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti. Los organizadores de esta actividad, Beltrán Benedit y Lourdes Arrieta, junto con Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, justificaron su visita alegando que “fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.
Benedit argumentó que los derechos humanos no se cumplen porque “quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio”. Estos comentarios no solo distorsionan la realidad, sino que también deslegitiman los esfuerzos incansables de las víctimas y sus familias por alcanzar justicia.
Además, Benedit afirmó que los cargos contra estos detenidos «no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados», y que el presidente Javier Milei combate en la política a esta ideología, prometiendo denunciar a los jueces que fallaron en estos casos.
Estas declaraciones buscan desviar la atención de los hechos probados judicialmente y socavan el sistema de justicia.
La defensa de los represores es una afrenta a los derechos humanos. Recordar y honrar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo moral para garantizar que estos horrores no se repitan. La sociedad argentina debe permanecer alerta y unida en la defensa de la verdad, la justicia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de negación y banalización de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
