La consolidación del modelo socioeconómico de Javier Milei genera preocupaciones sobre el futuro social del país.
Habrá una Argentina de primera y otra de segunda. Un cambio drástico en el esquema social, donde alrededor de 30 millones de personas -sobre una población de 45 millones- quedarán relegadas a las clases media baja, baja, e incluso en situación de pobreza e indigencia, mientras que el tercio restante disfrutaría de los beneficios económicos.
El licenciado en economía y doctor en ciencias sociales, Fabián Giuliano, ha advertido que este modelo podría desencadenar la división de la sociedad en dos países completamente diferentes.
Uno de ellos, movería sus engranajes a un ritmo acelerado, disfrutando de los privilegios y ventajas económicas que ofrece el sistema propuesto por Milei.
Mientras tanto, el otro país se desplazaría lentamente, con el peso arrastrado de aquellos que quedaron al margen del sistema, sin posibilidad de ascenso social y condenados a una realidad de estancamiento y desigualdad creciente.
Giuliano señala que este proceso no será súbito, sino que se deslizará lentamente hacia este modelo, incrementando la brecha entre sectores.
Uno de los pilares fundamentales de este modelo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en el proyecto de Ley Bases, actualmente en discusión en el Senado tras obtener la media sanción en Diputados.
Bajo el RIGI, el gobierno ofrece a cualquier extranjero que pueda invertir 200 millones de dólares un descuento del 30% sobre los costos iniciales, acceso libre al mercado de cambios y la posibilidad de girar dividendos sin restricciones.
Entre los incentivos propuestos por este esquema, se destaca la rebaja del impuesto a las ganancias, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, entre otros beneficios.
Sin embargo, críticos como Giuliano advierten que este régimen favorece principalmente a compañías trasnacionales, sin promover el desarrollo de cadenas de valor local, profundizando así la dependencia de sectores extractivistas como la minería y la producción hidrocarburífera.
Mientras tanto, las Pymes, por ejemplo, seguirán pagando impuestos, sin ningún beneficio.
Ante este escenario, surge la urgente necesidad de un análisis exhaustivo y una discusión amplia y plural sobre el rumbo económico y social que se pretende para Argentina.
La sociedad se enfrenta a la encrucijada de optar entre un modelo que promueve la concentración de la riqueza y la exclusión social, o uno que busque la equidad, el desarrollo inclusivo y sostenible para todos sus habitantes.
En última instancia, la decisión recae en la voluntad política y en la capacidad de la sociedad para exigir un futuro más justo y próspero para todos.
