* Raúl Ayala
En los últimos meses, hemos visto un fenómeno alarmante que está tomando forma en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: la progresiva limitación del acceso a la información pública.
Este avance puede caracterizarse como parte de un populismo autocrático que, en su afán de consolidar poder, recorta derechos ciudadanos fundamentales, como el acceso a datos clave sobre la administración pública.
Este término, populismo autocrático, parece adecuado para describir una tendencia que, lejos de promover la transparencia y el diálogo con la ciudadanía, erosiona la capacidad de control social al reducir el acceso a información que debería ser de dominio público. El decreto 780/2024 de Milei, que introduce cambios significativos a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, es un claro ejemplo de cómo este estilo de gobierno prioriza la opacidad por sobre la rendición de cuentas.
Entre las modificaciones más preocupantes, se destacan la ampliación de las excepciones que permiten al gobierno negar información, y el fortalecimiento de la protección de datos «privados» de los funcionarios.
Bajo esta nueva reglamentación, aspectos cruciales del funcionamiento del gobierno quedan fuera del escrutinio público, al considerar que «deliberaciones preparatorias» o «papeles de trabajo» no son documentos públicos.
Esta decisión no solo genera una enorme barrera a la fiscalización ciudadana, sino que también fomenta la arbitrariedad en la gestión pública, afectando gravemente el ejercicio de la libertad de prensa.
Provincias igual
Lo preocupante es que este retroceso en la transparencia no es un fenómeno exclusivo del gobierno nacional.
Las provincias argentinas, gobernadas por distintos signos políticos, han implementado tácticas similares desde hace tiempo, limitando el acceso a la información pública y restringiendo la circulación de datos que podrían comprometer la imagen de los gobiernos locales.
Este patrón de control autoritario sobre la información es una amenaza a la democracia, independientemente de la bandera política que se levante.
Pauta oficial
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos relevantes sobre la distribución de la pauta publicitaria estatal, una herramienta que históricamente ha sido utilizada para controlar o influir en la línea editorial de medios de comunicación.
El caso más paradigmático fue el fallo “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén”, en el cual la Corte determinó que el gobierno no puede discriminar a los medios a la hora de distribuir la pauta oficial, una práctica común para castigar a aquellos que no alinean su contenido con los intereses del poder.
El Tribunal, en su jurisprudencia, ha sido claro al destacar que la distribución arbitraria de estos recursos vulnera los principios de libertad de expresión y prensa consagrados en la Constitución. Sin embargo, a pesar de estas resoluciones, muchos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, continúan utilizando la pauta como un mecanismo de coerción, lo que perpetúa un sistema mediático sometido y dependiente de la discrecionalidad del poder político.
El desafío está en visibilizar y resistir estos ataques a la libertad de información, claves para una ciudadanía que quiera ejercer un control efectivo sobre quienes gobiernan. Si el acceso a la información se ve restringido por medidas autocráticas, el retroceso democrático será inevitable.
La Corte Suprema ha sentado precedentes importantes en este sentido, pero la implementación efectiva de sus fallos depende del fortalecimiento de una cultura política que priorice la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales.
En definitiva, este panorama exige una reflexión urgente: ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la opacidad?
Si no defendemos el acceso a la información pública, estamos condenando al país a una peligrosa deriva autocrática que beneficiará a quienes desean gobernar sin rendir cuentas.
