* Raúl Ayala
En una preocupante muestra de los avances autoritarios del gobierno de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció cambios significativos que transgreden uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de prensa. La medida, que busca restringir el acceso de los profesionales de prensa a las conferencias en la Casa Rosada, atenta contra los principios establecidos en la Constitución argentina y en diversos pactos internacionales a los que adhirió el Estado argentino.
El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho a «publicar sus ideas por la prensa sin censura previa». Este derecho se ve reforzado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos ratificados por Argentina, que consagran la libertad de expresión y el derecho a recibir y difundir información.
La reciente declaración de Adorni, donde afirmó que se buscará hacer del acceso a la sala de prensa un «privilegio» reservado para una «élite» de periodistas, representa una clara violación a estos derechos. «Vamos a hacer que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada, y estar en la sala de conferencias», expresó Adorni en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+), detallando que se limitará el acceso a periodistas para «jerarquizar el trabajo de la prensa».
Esta medida surge después de que la periodista Silvia Mercado presentara un amparo por la falta de renovación de su credencial para ingresar a Casa Rosada, lo cual pone en evidencia el carácter selectivo y arbitrario de esta nueva política. Adorni justificó la decisión afirmando que se buscará «acreditar medios según su alcance, según su audiencia, y además exigiendo determinadas características al periodista, en términos de experiencia y que tenga relación de dependencia con los medios».
Desde una perspectiva de las ciencias sociales y jurídicas, esta medida es alarmante. Limitar el acceso a la información y condicionar la acreditación de los periodistas a criterios subjetivos y arbitrarios es una forma de censura indirecta que socava la democracia. La libertad de prensa es esencial para la transparencia y el control del poder, y cualquier intento de restringirla debe ser visto como un ataque a los derechos fundamentales.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han señalado repetidamente que las restricciones arbitrarias al acceso de los periodistas a la información gubernamental son una forma de represión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que «las restricciones deben ser excepcionales y estar claramente definidas por la ley, ser necesarias y proporcionales a la protección de un interés legítimo».
Es imperativo que la sociedad argentina y sus instituciones reaccionen ante este avance autoritario. La democracia se fortalece con una prensa libre, crítica y plural, no con medidas que buscan controlar y silenciar a quienes ejercen la labor periodística. El gobierno de Javier Milei debe respetar y proteger el derecho a la libertad de prensa, garantizando un acceso igualitario y sin restricciones arbitrarias a todos los profesionales de la información.
La medida anunciada por Adorni es un grave retroceso para la democracia en Argentina. Debemos estar alertas y exigir que se respete el derecho de los periodistas a informar libremente, sin amenazas ni condicionamientos. La libertad de prensa es un derecho fundamental que no debe ser considerado un privilegio, sino una garantía esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática
