* Raúl Ayala
En un contexto político cada vez más polarizado, los recientes movimientos del gobierno de Javier Milei han encendido las alarmas sobre el estado de las instituciones democráticas en Argentina.
Gobernando casi exclusivamente a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), Milei ha empezado a consolidar un estilo de gestión que desafía los principios fundamentales de la república.
Esto se suma a la revelación reciente del diario La Nación, que en un artículo de Maia Jastreblansky expuso una preocupante interacción entre uno de los asesores más influyentes del presidente y la Corte Suprema de Justicia.
El artículo detalla cómo Santiago Caputo, un asesor que se mueve en las sombras del gobierno sin cargo oficial, intentó presionar al titular de la Corte, Horacio Rosatti, para que apoyara los DNU y otros decretos que el Ejecutivo venía preparando.
La conversación, inquietante por su contenido y tono, dejó claro que el gobierno busca saltarse los contrapesos que la división de poderes debería imponer. Caputo, lejos de negociar en términos republicanos, llegó a afirmar: «Esto es la Revolución Francesa… ¡y yo soy Robespierre!», ante la defensa de la independencia judicial por parte de Rosatti.
Estas palabras no son meras metáforas. El contexto de la conversación, en pleno ocaso del verano porteño, muestra la creciente tensión entre un Poder Ejecutivo que parece decidido a gobernar sin restricciones y una Corte Suprema que, hasta ahora, ha resistido. Las reuniones previas de Milei con otro ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, confirman la voluntad del gobierno de avanzar a decretazo limpio, sin someterse a los controles constitucionales.
El peligro radica en la naturaleza misma de los DNU, un mecanismo concebido para situaciones excepcionales, pero que en manos de Milei se ha transformado en el método principal de gestión.
La falta de diálogo con el Congreso, la exclusión de la oposición en la toma de decisiones y la concentración del poder en el Ejecutivo evocan épocas oscuras en la historia argentina.
La tentativa de captación de la justicia es igualmente grave. Al no encontrar el respaldo en los actuales miembros de la Corte Suprema, el gobierno ha acelerado la postulación de jueces afines, como Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Esta estrategia, que recuerda a intentos de control judicial de gobiernos pasados, amenaza con socavar la independencia de uno de los pilares más importantes de la democracia.
Nos enfrentamos a un momento crítico. Si la justicia y el Congreso son erosionados, Argentina corre el riesgo de transitar por un camino de autoritarismo velado, donde los principios republicanos son reemplazados por decretos y amenazas veladas.
El país necesita instituciones fuertes y un gobierno que respete los límites impuestos por la Constitución, no un líder que se autoproclame Robespierre.
El pueblo argentino debe mantenerse vigilante. La historia nos ha enseñado que los avances sobre las instituciones nunca terminan bien.
Lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de nuestra democracia.
