La premisa planteada por Javier Milei sobre la eliminación del Estado como una entidad que restringe la propiedad privada y la libertad individual no es nueva en el ámbito de la economía y la política.
Esta idea, fundamentada en las consignas de la Escuela Austriaca de Economía, ha generado controversias al irrumpir en Argentina con Milei porque desde allí justifica sus acciones.
Sin embargo, Milei va un paso más allá en su postura al declararse anarcocapitalista, abogando por una sociedad sin Estado donde el mercado libre y la propiedad privada sean los pilares fundamentales.
Esta filosofía política, también conocida como anarquismo de libre mercado, promueve la anarquía entendida como una sociedad sin Estado, y defiende la protección de la soberanía individual a través de la propiedad privada y el mercado libre.
Un ejemplo concreto de la aplicación del anarcocapitalismo se encuentra en el pueblo de Grafton, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos.
Allí, un grupo de personas autodenominadas «libertarios» y «anarcocapitalistas» formaron parte del «Free Town Project», con el ambicioso objetivo de transformar Grafton en un lugar libre de intervención estatal, donde la libertad se practicara al máximo.
Sin embargo, este experimento no logró mantenerse a largo plazo debido a diversos desafíos prácticos, como la falta de infraestructura, los conflictos internos y la insostenibilidad económica.
Además, la visión determinista del ser humano como un mero agente económico, fundamentada en la praxeología de Ludwig von Mises, plantea interrogantes sobre la complejidad de la naturaleza humana y la viabilidad de sistemas que descansan exclusivamente en la autorregulación del mercado.
En el contexto argentino, las propuestas de Milei, como tratar la educación como una mercancía más mediante vouchers para colegios privados, han generado controversia.
Si bien busca aliviar la carga económica de las familias, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente plantea preocupaciones sobre la equidad y el acceso a la educación.
Porque los recursos de ese Fondo ahora sostienen el programa de vouchers.
Además, la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en medio de tensiones políticas con los gobernadores, ha generado incertidumbre en el ámbito educativo.
Cabe recordar que ese fondo surgió de la lucha docente en la «Carpa Blanca», porque el Estado Nacional transfirió a las provincias las escuelas primarias, en la última dictadura, y luego los colegios secundarios, en la gestión de Carlos Menem, en ambos casos sin la correlación del financiamiento.
Si bien se argumenta en favor de la descentralización y la responsabilidad fiscal, la eliminación de este fondo plantea desafíos adicionales en un contexto donde la educación pública es fundamental para el desarrollo social y económico.
En última instancia, el debate sobre el papel del Estado y la libertad individual requiere un enfoque equilibrado que reconozca la intervención estatal para garantizar el bienestar colectivo y la justicia social.
Los experimentos como el de Grafton y las discusiones en torno a políticas educativas nos recuerdan la complejidad de encontrar soluciones simples para problemas tan intrincados como la organización social y económica.
