La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recurrió a la Corte Suprema para no entregar alimentos a los comedores comunitarios vinculados con organizaciones sociales. Lo hizo en una causa penal en la que el juez Sebastián Casanello y seis camaristas de dos instancias ya sostuvieron que debe presentar un plan y distribuir los productos que tiene acopiados en dos galpones, no solo la leche en polvo que estaba a punto de vencer. Todos estos magistrados coincidieron en que el Gobierno tiene que garantizar el derecho a la alimentación. Pettovello hizo su nueva jugada justo cuando otro juez, pero del fuero contencioso administrativo, Walter Lara Correa, dictaba una medida cautelar en la que le ordenó que aplique y ejecute los tres programas alimentarios que ella misma reconoció como vigentes, pero que incumple. Es más, le dijo que ni siquiera es que necesita más plata para esto sino usar la que tiene. 
En la causa penal que tramita en Comodoro Py Pettovello fue denunciada por interrumpir, desde su desembarco en el poder, la entrega de alimentos o fondos a comedores y merenderos populares. La presentación original la hizo Juan Grabois y la Asociación El Amanecer de lo cartoneros –que atiende a 320 comedores– fue aceptada como querellante. El Centro de Estudios Legales y Sociales participa como tercero (amicus curiae). Casanello y la fiscala Paloma Ochoa apuntan a establecer si la ministra y equipo incumplieron sus deberes como funcionarios, abusaron de su poder o cometieron algún otro delito. En el medio del trámite de la causa se supo que Capital Humano acumulaba casi 6.000 toneladas de comida en dos galpones, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán. Entre los productos había algunos vencidos y otros, en especial leche en polvo, a punto de vencer. Esto dejó a la vista que mientras miles de familias sufren hambre, el gobierno acopiaba comida. El juez consideró que debía dictar una cautelar para frenar un posible delito y/o sus efectos. //pag12
