Las medidas generan preocupación y rechazo en la sociedad, ya que impactarán de manera significativa en el poder adquisitivo de la población, profundizando la crisis económica que atraviesa el país.
El Gobierno argentino se compremtió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a implementar aumentos desmesurados en las tarifas de servicios básicos. Según lo consignado en el staff report del organismo, se espera que las boletas de luz experimenten un incremento superior al 200%, mientras que el gas podría aumentar hasta un 150% a partir de febrero, con ajustes adicionales mensuales.
Estas medidas, de acuerdo a Infobae, promovidas en aras del equilibrio fiscal, se traducen en un intento por reducir los subsidios energéticos en 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante el 2024. Asimismo, se planea la implementación de un nuevo esquema de asistencia basado en una canasta básica energética, lo que afectará directamente al bolsillo de los ciudadanos.
En paralelo, el Gobierno busca aumentar la recaudación mediante la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, como reemplazo al incremento de las retenciones contemplado en el proyecto de ley ómnibus. Esta medida, además de compensar el retiro del capítulo fiscal del mencionado proyecto, proporcionará ingresos adicionales a las provincias.
Estos drásticos ajustes, fundamentados en un informe aprobado por el Directorio del FMI, prevén una consolidación del gasto en torno al 3% del PBI, lo que incluye reducciones en los subsidios energéticos ineficientes y aumentos considerables en tarifas esenciales como electricidad y gas.
Además, se destaca la intención de implementar aumentos continuos en el transporte urbano, afectando las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque se asegura la excepción para aquellos que reciban asistencia social, se prevé un recorte de subvenciones del 0,2% del PBI.
