A través del decreto 718/204 publicado este lunes, Milei avanzó en que en los próximos seis meses se privaticen cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta su primer paquete de concesiones. Cómo es el proceso y qué otras empresas están en la lista.
Luego de que la semana pasada el Gobierno nacional reglamente la primera parte de la legislación prevista en la ley Bases con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei está obsesionado y que incluyen la privatización de empresas estatales, este lunes el Poder Ejecutivo dio un paso más para avanzar en los próximos seis meses con cuatro centrales hidroeléctricas.
En la primera etapa que inició la semana pasada, la reglamentación se realizó a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial. Allí el Gobierno estableció la normativa vinculada al Título II, donde contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
Ahora bien, la gestión de Milei publicó este lunes otro decreto, el 718/204, a través del cual establece que privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas, en lo que resulta su primer paquete de concesiones.
Las firmas incluidas en este proceso que se conoció hoy son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Actualmente están siendo operadas con prórrogas transitorias.
«Dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas, se indice en el artículo 6 del decreto de este lunes.
Además, la norma arroja que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalziar el proceso.
Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.
En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional. En tanto en el artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.
LOS PASOS PARA LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS Y CUÁLES ESTÁN EN LA LISTA
En el decreto de la semana pasada se había establecido que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.
Ese documento oficial tiene que tener los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa.
Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso. Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización.
Superadas esas instancias, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado. “Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.
Las empresas que, a partir de la Ley Bases, quedaron sujetas a privatización son: Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos, Carboníferos de Río Turbio, Intercargo y Enarsa.
En tanto, las firmas sujetas a privatización o concesión son: AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. En cambio, las que la gestión libertaria quería incluir pero quedaron afuera son Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino.
