Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta. La Justicia confirmó que eludía la obligaciones alimentarias de su hijo desde 2014.
Junto con la condena, que quedará en suspenso, la jueza impuso reglas de conducta que el acusado deberá cumplir durante 3 años. Deberá concurrir a un taller de género y violencia intrafamiliar, a otro sobre vínculos saludables y crianza responsable, y deberá realizar 120 horas de trabajos comunitarios.