Lo ordenó el Carlos Arturo Ochoa, juez federal de Río Cuarto. Había sido presentado por la Sociedad Rural de Córdoba, bajo el argumento que debía que dejar de pagar ya que el Presupuesto 2022 no fue aprobado por el Congreso.
El amparo había sido presentado a finales de febrero, pero el juez consideró que no eran suficientes los requisitos para llevar adelante la causa como proceso colectivo. Ochoa argumenta, entonces, que la Sociedad Rural de Río Cuarto no contaba con la autentificación correspondiente como para que el reclamo judicial tenga sustento.
Ochoa resumió que se percibían ciertas inconsistencias entre sujetos y relaciones jurídicas dado que no es clara la invocación de ‘todos los productores agropecuarios del país’ especificada en el amparo. Además, explicó que «tampoco está claro el ámbito espacial y sectorial que se pretende abarcar, desde que habría productores nucleados en otras asociaciones».
C5N
