La aprobación en general de la Ley Ómnibus, otorgando al presidente Javier Milei amplias facultades, ha encendido las alarmas sobre posibles consecuencias sociales.
La gestión enfocada en transferir recursos a sectores concentrados, evidenciada por una mega devaluación del 118% y un ajuste ortodoxo neoconservador, plantea riesgos para la equidad y el bienestar general.
Antes de retirar el capítulo fiscal de la ley, que incluían la eliminación de la fórmula previsional y la suba de retenciones a las exportaciones, las advertencias del ministro de Economía Luis Caputo sobre recortes inmediatos en partidas provinciales si la ley no se aprobaba generaron incertidumbre.
El retiro del artículo que retrotraía las escalas de Ganancias anticipa un ajuste mayor sobre provincias, dejando en vilo inversiones cruciales como obras públicas.
La eliminación del recorte de 1,8% del PBI por la postergación de estas normativas traslada la carga del ajuste a provincias y municipios, eliminando inversiones en infraestructura.
La meta de cerrar el año con cuentas públicas en equilibrio, ratificada por el ministro Caputo, plantea un recorte adicional del 0,5% del PBI en giros corrientes a gobiernos provinciales para 2024.
La intervención del FMI respaldando ajustes a partidas regionales tras la séptima revisión del acuerdo y el desembolso millonario destaca la perspectiva de mantener la capacidad de financiamiento, aunque a costa de merma en presupuestos.
Sin embargo, la admitida dificultad del gobierno para alcanzar el déficit cero, agravada por la caída en la exportación de soja a raíz de la ola de calor que ya afecta a gran parte de ese cultivo, plantea un panorama económico inestable.
El preocupante estado de los cultivos de soja, amenazados por altas temperaturas, señala la posibilidad de una cosecha inferior al año pasado. Funcionarios del gobierno de Milei buscan ahora un superávit primario de +2 del PBI, confiando en la reducción de obra pública, transferencias discrecionales, ajustes salariales y tarifas.
La promesa al FMI de aumentos del 200% en electricidad y 150% en gas en el año para alcanzar dicha meta plantea un sombrío panorama sobre el impacto social.
La falta de voluntad evidente en la gestión Milei para corregir el camino y mitigar el posible aumento de la pobreza genera preocupación sobre el futuro bienestar de la sociedad argentina, como lo fue el programa de Martínez de Hoz en la dictadura genocida y que en democracia lo copió Mauricio Macri, que llevó a la actual deuda con el FMI. Ahora, la historia no se repite como farsa sino como una profunda tragedia.
