Diputados nacionales de Juntos por el Cambio buscan que los mandatos de los jueces concluyan de manera automática al cumplir 75 años, en medio de la polémica por la situación de la magistrada Ana María Figueroa.
Se trata de un proyecto de ley impulsado por los dirigentes del PRO Pablo Tonelli y Álvaro González, quienes pretenden reglamentar lo fijado por el artículo 99 de la Constitución Nacional respecto a los cargos de los jueces.
En el inciso 4° de ese artículo se establece que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, aunque también habilita que sean nuevamente designados por otros cinco con acuerdo del Senado.
Actualmente, la jueza de Casación Penal Ana María Figueroa protagoniza una polémica, ya que cumplió el 9 de agosto los 75 años, pero se rehúsa a abandonar su cargo con la excusa de que el Senado está en proceso de revisión de la extensión por cinco años de su designación.
Su pliego es uno de los cuestionados por Juntos por el Cambio, que decidió en varias oportunidades no dar quorum para evitar su aprobación: en caso de continuar en el cargo, la magistrada deberá fallar en causas que involucran a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como Hotesur y el Memorándum con Irán.
«Evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación», remarcó Tonelli.
Y subrayó: «Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad».
Todo eso quedó plasmado en la iniciativa legislativa presentada en la Cámara baja.
En tanto, Álvaro González remarcó que «este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa la Constitución en el artículo 99, inciso 4».
«Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu», concluyó.
El proyecto de ley apunta a que únicamente el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el Presidente, permita al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.
Además, se impulsa que una vez producida la vacante automática de los magistrados que cumplan 75 años, el Consejo de la Magistratura convoque inmediatamente al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir el puesto, para reducir los tiempos de los trámites.