El juez Marcelo López Picabea, subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 3, explicó las razones que llevaron a disponer el allanamiento del domicilio de una persona que se negó a ser trasladada a un Centro de Atención Sanitaria pese a haber dado positivo de covid 19 y sostuvo que “mi función es hacer cumplir y respetar la ley”.
“Básicamente cuando una persona arroja un PCR positivo, la parte de salud y del Consejo Integral para la Emergencia del Covid se constituye a la casa, evalúan sus condiciones de habitabilidad, hacen un informe socioambiental y ven si se encuentra exceptuado dentro del protocolo”.
Recordó el magistrado que “las personas positivas deben transcurrir la enfermedad en un centro de aislamiento a menos que se encuentren dentro de las excepciones, como mujeres embarazadas, al cuidado de hijos pequeños o personas muy adultas o las condiciones de habitabilidad que permitan un aislamiento total de las personas, que incluya hasta lugares de aseo”.
Continuó detallando el procedimiento: “si una persona no está dentro de estas excepciones se la invita amigablemente a que se suba a un móvil para ser trasladado a un Centro de Aislamiento, y ante la negativa de esas personas esa acta se eleva a la comisaría jurisdiccional, donde se hace una nueva evaluación y se hace la solicitud de allanamiento al juzgado que está de turno”.
Dejó en claro que “el allanamiento es una medida excepcional, ya que es una excepción a la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad inmueble, entonces el magistrado lo que hace es evaluar si se llega o no esta medida extrema, y si corroboramos estos datos de que está persona no está dentro de las excepciones lo ejecutamos”.
El juez López Picabea señaló que “lo ocurrido el martes pasado es la primera vez que tomo una determinación de este tipo, porque la persona decidió seguir el consejo de su abogado y respeto siempre ese derecho constitucional, yo solamente hablé por teléfono con ese chico para tratar de convencerlo y me mantuve firme en que la medida se iba a ejecutar de una u otra forma y lamentablemente llegó de la manera que no queríamos”.
El magistrado lamentó que esta persona “haya optado por seguir el asesoramiento de su abogada que llevó a que las cosas terminaran así, ya que durante las charlas que mantuve con él hubo momento en que parecía que iba a ceder ante las explicaciones y garantías que le daba tanto para con él como para su madre, que teóricamente se iba a quedar sola”.
López Picabea dijo que “entiendo que a una persona pueda o no gustarle ir a un centro de atención sanitaria, porque eso hace a un sistema republicano y democrático, la posibilidad de pensar distinto, pero “mi función es hacer cumplir y respetar la ley”.
“Por lo pronto hay una política sanitaria que le compete a los otros poderes del Estado y el Poder Judicial solo hace un control de constitucionalidad respecto a si la medida es acorde o no a derecho”, afirmó el magistrado.
