Legisladores formoseños presentaron recurso ante la CIDH por los aislados

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Los legisladores nacionales, provinciales y municipales de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, Osvaldo Zarate, Enrique Ramírez, Mirna Molinas, Adrián Malgarini; en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil BASES REPUBLICANAS y CADAL, presentaron un pedido de medidas cautelares ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) en favor de los ciudadanos de Formosa por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el gobierno de la provincia de Formosa.

En la presentación se destaca que se realiza en beneficio de “quienes en el marco de las medidas tomadas por el Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 se encuentran cumpliendo la cuarentena obligatoria con serios riesgos para su salud y sufriendo maltratos, y del colectivo de personas que se encuentran imposibilitadas de reingresar al territorio provincial en tanto su ingreso implica someterse a un régimen de aislamiento que vulnera sus derechos fundamentales”. Los legisladores sostienen en la denuncia, que estas violaciones son provocadas por las medidas de aislamiento obligatorio en centros estatales de inaceptables e indignas condiciones de salubridad, edilicias y maltrato y “las que afectan el normal reingreso a la provincia de residentes que se encuentran fuera de ella”, agregan.

“Los abusos de autoridad y excesos cometidos en nombre de la protección de la salud pública son innumerables, muchos hechos son escalofriantes, injustos, indignos”, afirman los representantes formoseños en la medida cautelar, y se preguntan: ¿Es ésta la forma de proteger a los ciudadanos de los riesgos del COVID? ¿Violando los derechos más básicos de los ciudadanos formoseños que se dice proteger?

En la presentación se sostiene que “las restricciones y prohibiciones establecidas por el Gobierno Provincial y la aplicación que de aquellas medidas viene haciéndose por los funcionarios públicos resultan, en este contexto, arbitrarias e irrazonables”.

Finalmente hacen mención, que a lo largo de estos más de nueve meses se han afectado efectivamente, o puesto permanentemente en potencial peligro, los bienes jurídicos protegidos “por el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la intimidad, a la familia, a la libre circulación, al trabajo y/o a la propiedad de muchos ciudadanos”, concluye el documento.