Héctor Polino: “Es un fracaso de la política tener uno de cada dos habitantes en la pobreza”

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“Es un verdadero fracaso de la política que un país que produce y exporta alimentos para 400 millones de personas, con de 45 millones, tengamos uno de cada dos habitantes por debajo de la línea de pobreza”, afirmó ante la Red Privada de Comunicación Héctor Polino, titular de la Asociación  Consumidores Libres, entidad que hace 28 años releva precios en supermercados y negocios de proximidad de la capital federal.

El ex diputado nacional por el Partido Socialista destaco que para el mes de abril sus relevamientos dan que “la canasta básica aumentó 6,24%”.

“El precio de los productos de la Canasta Básica de alimentos no deja de aumentar en los relevamientos de precios que hacemos desde hace 28 años”, resaltó y señaló que “en abril fue de 6,24 %m y entre el 1 de enero al 30 de abril de 22,42% y a fin de año vamos a superar el 65% o aún más”.

“Estamos ante una situación complicada”, resaltó para detallar “en abril hay productos como el aceite de girasol que subió 8,89%; azúcar 16,6; harina 16; huevos  11,29; la leche 6,25; yerba 4,62; la bola de lomo 6,9; asado 4,76; paleta 3,41; carne picada 7%; manzana 10,34%” agregó para reforzar su pronóstico.

Adelanto que la situación se agravará para el me de junio ya que el gobierno nacional “iniciará un proceso de quita parcial de subsidios a los servicios públicos y se convocó a audiencia pública para tratar estos nuevos aumentos”.

Detalló que ese aumento será en un promedio del 20% para Gas natural, electricidad y agua potable que se aplicarán a partir del 1 de junio; los cuales, sumados a los incrementos del primero de marzo que fueron entre el 20 y 21% darán 40 o 42% en el año.

Afirmó que esos aumentos en los servicios para las industrias y comercios serán volcados a lo “precios de los productos de consumo”, lo que influirá en el aumento de la inflación para todo el país.

Polino adjudico el ritmo de inflación en Argentino a “las fallas en lo controle” y explicó que en un país que tiene el tamaño de un continente con sólo seis países que lo superan superficie es muy difícil que unos pocos funcionarios de un organismo nacional pueda ejercer una fiscalización eficiente. 

Recordó que se trata de un reclamo permanente de las entidades defensoras de los consumidores que haya un compromiso mayor, en el control de precios de los organismos específicos de los gobiernos provinciales y municipales, cualquiera sea el signo político de la administración.

“La única manera de defender el poder de compra es controlando a lo grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios”, afirmó, para agregar que se debe “controlar todo, la estructura de costos”.

Asimismo informó que el Congreso sanciono, hace 8 años la ley que crea un observatorio de precios, pero que pasaron dos presidentes “de signo políticos diferentes” y no designaron a los funcionarios que trabajen en esa área.

También recordó que en 2018 se aprobó una ley para crear un Tribunal Nacional de defensa dela competencia, similar a la ley antimonopolios que tiene Estados Unidos desde la presidencia de Roosevelt en la década de los 30, y ya pasaron “cuatro años y el presidente de turno, abarca a dos gobiernos, no designó los cinco miembros de ese tribunal”.

“No hay controles, no se sanciona a aquellos grupos que, abusando de su posición dominante en el mercado remarcan todos los días y buena parte de su ganancias -en vez de reinvertirlas en el país- las giran a paraísos fiscales para evadir o a sus casas matrices”, sentenció.

Informó que “las empresas ARCOR, Mastellone y Molinos Río de la Plata, según sus balances contables obtuvieron una ganancia brutas de 112% durante los años 2020 y 2021, y los precios aumentaron 114 por ciento”.

Recordó que “A Molinos Río de la Plata, a mediados de 2018, el gobierno de Macri le condonó una deuda de 70 millones de dólares por gravámenes impagos a las exportaciones”.

En el tema del precio de las garrafas lamentó que en el Senado nacional no haya prosperado una ley que tuvo media sanción por unanimidad y aclamación, que declaraba al gas envasado como un servicio público, lo que obligaría a someter los aumentos de ese producto a las audiencias públicas que si tienen los usuarios de gas natural por redes.

Destacó que de esa forma los senadores nacionales no legislaron a favor de los más pobres porque el gas en garrafa se consume entre los habitantes meno favorecido de los grandes conglomerados urbanos, en barrios que no llega el gas por redes y en las provincias más pobres como Formosa, Chaco y Corrientes.

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