«El último, que pague la luz» – Por Raúl Ayala

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En medio de un escenario económico ya desconcertante, los argentinos se enfrentan a una nueva preocupación: el imparable aumento de las tarifas eléctricas.

Este mes de abril inicia con subidas que amenazan el bolsillo de millones de ciudadanos, exacerbando la situación de vulnerabilidad económica que muchos enfrentan.

El ajuste salvaje liderado por Javier Milei y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ha desencadenado una crisis energética de proporciones alarmantes.

La eliminación de subsidios y las fuertes subas en las tarifas eléctricas dejan a la población en una situación insostenible.

 

El reciente intento del gobierno de postergar la subida del precio del gas natural solo retrasa el inevitable golpe, considerando que el gas es esencial para la generación eléctrica en el país, representando aproximadamente el 65% de la matriz energética, junto con otro combustible fósil, y fue la razón de parar este mes el incremento de gas natural.

El panorama es desolador en todo el territorio argentino. Gobernadores de provincias como Córdoba, Misiones y Entre Ríos han tenido que implementar medidas desesperadas, como el pago en cuotas, para aliviar el impacto en los ciudadanos.

Sin embargo, estas soluciones temporales no abordan la raíz del problema: la creciente inaccesibilidad de la energía para la población.

Los reclamos de los usuarios residenciales y los sectores productivos se multiplican, mientras la Casa Rosada continúa con su política de actualizaciones tarifarias en aras de alcanzar el superávit fiscal.

Este enfoque, si bien puede ser necesario desde una perspectiva macroeconómica, está teniendo un efecto devastador a nivel local, especialmente en lo que respecta al servicio eléctrico.

Las subidas constantes se justifican con argumentos como la suba del costo de generación, la quita de subsidios y el alza del Valor de Distribución, que representa el 40% de la factura eléctrica.

Sin embargo, estas explicaciones no consuelan a quienes ven cómo sus facturas se disparan mes tras mes.

La situación es especialmente grave en el interior del país, donde las tarifas eléctricas ya eran más altas que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde Corrientes hasta Chubut, los aumentos oscilan entre porcentajes alarmantes, dejando a muchos al borde del abismo económico.

Se agrava en el provincias del NEA que no cuentan con otra fuente energética.
Es hora de que el gobierno nacional reconozca la urgencia de la situación y tome medidas concretas para proteger a los ciudadanos de este aumento descontrolado de las tarifas eléctricas.

La prioridad debe ser garantizar el acceso a la energía como un derecho básico, en lugar de sacrificar el bienestar de la población en aras de objetivos fiscales a corto plazo.

La estabilidad económica y el bienestar de los argentinos están en juego, y es responsabilidad del gobierno actuar de manera rápida y efectiva para mitigar esta crisis.

 

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