El magistrado resolvió la situación procesal de los dirigentes del PO que fueron indagados en la causa que se inició con los llamados que se registraron en una línea del Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre pasado para denunciar extorsiones de movimientos piqueteros
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Esos fondos fueron desviados para fines partidarios, según el fallo al que accedió Infobae. Se le dictó además un embargo por $390 millones. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
El procesamiento alcanzó Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, dice la resolución de Casanello a lo largo de 168 páginas.
