El gobierno de Milei insistió que el trámite parlamentario es un procedimiento cuya velocidad dependerá de la exclusiva voluntad del Congreso, sobre el cual los jueces no pueden avanzar. Argumenta que una intervención judicial en esta etapa sería prematura, ya que el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional está en marcha.
El Gobierno nacional presentó ante la justicia su defensa en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70, solicitando que no se intervenga ni resuelva las causas en curso. Argumentaron que el Congreso Nacional está actualmente evaluando el texto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y subraya que la necesidad y urgencia de una medida gubernamental es una cuestión política institucional que no debería ser sometida a la justicia.
«No hay dudas de que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial. Pues el Poder Legislativo será quien se encuentre en mejores condiciones para examinar si resultaba necesario sortear las vías ordinarias para la sanción de una Ley», expresó el Ejecutivo en sus presentaciones.
Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, respondieron a los informes solicitados por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien está considerando amparos presentados contra el DNU. En estos amparos, se argumenta la inconstitucionalidad del decreto y se busca una medida cautelar que suspenda sus efectos.
Para el Ejecutivo el DNU, que busca desregular la economía, se ajusta a la Constitución Nacional. Alega que fue dictado en ejercicio de sus competencias, motivado por circunstancias excepcionales y razones de necesidad y urgencia evidentes. También destaca que no regula temas vedados, como los electorales o impositivos, y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo envió al Congreso para su tratamiento.
El gobierno considera que la Justicia no debe intervenir dado que el Congreso está en proceso de analizar el DNU. La Comisión Bicameral tiene 10 días para emitir dictamen y luego remitirlo a ambas cámaras del Congreso. Con la aprobación de al menos una de las cámaras, el DNU quedará ratificado.
De acuerdo a Infobae, la administración central consideró que los demandantes, la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jorge Rizzo, carecen de legitimidad en la representación para iniciar un amparo. Argumenta que no hay un caso concreto que los afecte y que no hay verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora, requisitos para dictar una medida cautelar.
Recalcaron que el juez Lavié Pico ahora está en condiciones de resolver si suspende o no el DNU hasta que se resuelva la cuestión de constitucionalidad. La Justicia ya ha dictado tres cautelares que suspendieron las reformas laborales del decreto en fallos de la justicia del trabajo, en planteos realizados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina. En otro expediente, la Casa Rosada busca cambiar el fuero de la causa de la CGT y que todas las causas contra el DNU se consoliden en un proceso colectivo, planteos que están bajo revisión de la Cámara contencioso.
