La denuncia presentada por Pablo Llonto y Felix Crouse también apunta al Servicio Penitenciario y cuestiona si la visita a los genocidas de la última dictadura cumplió con los requisistos o si puso en riesgo la seguridad de visitantes y generó la posibilidad de fuga.
Tras la polémica, el abogado Pablo Llonto y el fiscal Felix Crouse presentaron una denuncia ante la Justicia para investigar a diputados libertarios y a penitenciarios por la visita a represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza.
Para Llonto y Crouse los legisladores podrían haber violado normas del Servicio Penitenciario Federal, poniendo en riesgo a visitantes y dando posibilidades de fuga. Al mismo, consideran que se cometió falsedad ideológica por ocultarle a por lo menos dos diputadas el motivo de la visita luego de que las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci aseguraran haber sido «engañadas» y no saber que iban a visitar a represores. Cabe aclarar que Arrieta es la misma que afirmó no saber quién es el reconocido genocida Alfredo Astiz.
Llonto y Crouse presentaron denuncias ante el juez del Tribunal Oral Federal 5 de Capital Federal, Daniel Obligado, para que se investiguen «de manera urgente» posibles delitos penales cometidos por quiénes organizaron la visita. Como ocurrió en el penal de Ezeiza, Obligado remitió la denuncia al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.
Según pudo consignar Ámbito Financiero para Llonto como para Crouse, querellantes en decenas de causas de lesa humanidad, este engaño cometido por los organizadores de la visita, entre los que estaría el legislador Beltrán Benedit, no sólo es un delito de falsedad ideológica, sino también significa que no se cumplieron los requisitos exigidos para ingresar a la Unidad Penitenciaria. La responsabilidad de esto, implicaría a funcionarios penitenciarios ya que el artículo 8 del decreto 1136/97 que regula las visitas a presos, determina que éstas serán concedidas «previo pedido o conformidad del interno, quién podrá en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada».
Lo que deduce Llonto, es que si las diputadas Arrieta y Bonacci no sabían a quiénes iban a ver en el penal, no podían haber hecho el pedido correspondiente. «Ante la gravedad de los hechos (visitantes engañados y llevados a una visita que no pretendían), debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento, lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal (SPF), concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», denunció Llonto en su escrito presentado ante Obligado.
Mientras que para el fiscal Crouse, esta visita podría ser una entre varias más con posibles irregularidades. «Estas hipótesis iniciales ameritan realizar una amplia y minuciosa pesquisa al respecto confirmar o desechar tales hipótesis, sino para desentrañar los motivos y fines del encuentro con los condenados por tan graves crímenes, tanto como averiguar si existen otros casos como los reseñados«, solicitó.
Ayer se conoció la foto en la que posaron sonrientes los legisladores de La Libertad Avanza con los represores detenidos. Además de Astiz, en la foto se puede ver a Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).
Los legisladores que aparecen en la foto son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta (en el centro, con tapado naranja), Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro. No se ve a la diputada Rocío Bonacci, de Santa Fé, aunque ella misma confirmó que fue parte del encuentro.
