Bajo el argumento del ajuste, el Gobierno nacional decidió cerrar más de 80 CAJ, conformados por equipos de profesionales y destinados a brindar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Desde ATE, advirtieron que con este cierre, peligran 400 puestos laborales.
El Gobierno nacional profundiza el ajuste y el abandono de políticas públicas a los sectores más vulnerables. Pocos días después de cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género destinada a dar asistencia a víctimas de la violencia machista, ahora anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), entidades dependientes del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cuneo Libarona, que tenían como objetivo brindar atención legal primaria gratuita a poblaciones vulnerables.
Actualmente, existen 105 CAJ en todo el país, en barrios vulnerables, pero con esta nueva resolución, quedarán sólo 24.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia argumentó, en línea con los pretextos de los recortes ejectutados desde el 10 de diciembre, que el cierre de los CAJ se trata del fin de «otra caja de la política» y que se debe a que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias».
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de Cuneo Libarona, se encuentra que «el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones» y, para garantizar el apoyo social a la brutal medida, aseguraron que el gasto de funcionamiento «le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año».
Como respuesta a la resolución de Cuneo Libarona, desde ATE denunciaron que el cierre de estos centros podrían accarrear 400 despidos, y explicaron que los CAJ «están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo» que «se encargan de realizar un abordaje Integral de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos».
Silvina Silva, trabajadora del CAJ Padre Bachi de La Matanza y Delegada en la Secretaría de Justicia, afirmó que se encuentran «en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy».
Según denunció, en ese sector ya hay un total de 270 despidos que asumió Javier Milei en diciembre y «ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más».
