Diputados calcularon que se retuvieron $1.165.491 millones del impuesto a combustibles que debían destinarse a rutas. El tributo creció con fuerza desde 2023 y los fondos no transferidos impactan en infraestructura y reclamos provinciales.
Denuncian retención de fondos para el sistema vial
Un grupo de diputados opositores denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, retuvo $1.165.491 millones que, según la legislación vigente, debían destinarse al mantenimiento y mejora de las rutas nacionales.
Los fondos provienen del impuesto a los combustibles, que establece la asignación de una parte específica al sistema vial. Según el cálculo presentado, esos recursos no fueron transferidos como corresponde.
El rol del impuesto a los combustibles
La ley indica que un porcentaje de lo recaudado debe ser girado al Sistema Vial Integrado para financiar obras de infraestructura. Sin embargo, el informe legislativo sostiene que esos montos fueron retenidos.
El análisis detalla que la recaudación del tributo creció de manera sostenida en los últimos años, lo que incrementó el volumen de fondos que debían ser destinados a rutas.
Impacto en el estado de las rutas
El deterioro de la infraestructura vial es señalado como una consecuencia directa de la falta de inversión. En distintas provincias se reportan rutas en mal estado, con señalización deficiente y banquinas deterioradas.
Este escenario genera preocupación por la seguridad vial y también por el impacto en la logística y el transporte de bienes.
Reclamos desde provincias y municipios
El malestar se extiende a nivel federal. Intendentes de distintas localidades convocaron a una reunión en Buenos Aires para coordinar estrategias de reclamo, mientras que también se analiza una posible cumbre de gobernadores.
Desde el interior, autoridades locales advierten que la falta de mantenimiento en rutas nacionales repercute directamente en las economías regionales y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Debate político y posibles acciones judiciales
Los legisladores que impulsaron el informe sostienen que la retención de estos fondos podría implicar un incumplimiento legal. En ese marco, no descartan que la situación derive en presentaciones judiciales.
Además, el tema se suma a otras tensiones vinculadas a la distribución de recursos entre Nación y provincias, en un contexto de caída de la recaudación y reclamos por coparticipación.
