Capítulo 1. Contexto político y social: la antesala del golpe
Desde una perspectiva historiográfica, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni improvisado.
Fue la culminación de un proceso de desgaste institucional, creciente polarización ideológica, violencia política y crisis económica.
La debilidad del gobierno de Isabel Perón, sumado a la presión militar, empresarial y mediática, generó las condiciones para la intervención de facto.
Como señala el historiador Tulio Halperín Donghi, “el golpe no fue solo obra de los militares, sino expresión de un consenso implícito de sectores civiles poderosos que vieron en el autoritarismo la única forma de restaurar el orden y garantizar sus privilegios” (La Argentina y la tormenta del mundo, 1995).
A partir del derrocamiento, se instauró la autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, cuya finalidad, más que la pacificación, fue la eliminación del enemigo interno y la refundación autoritaria del Estado.
Capítulo 2. El plan sistemático de exterminio: la maquinaria del terror
Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, el golpe de 1976 instauró un régimen de terrorismo de Estado que violó masivamente el orden constitucional y los derechos fundamentales.
El Informe Nunca Más de la CONADEP (1985) documentó la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas, apropiación de niños, ejecuciones clandestinas y vuelos de la muerte.
El documento deja constancia de “una maquinaria estatal montada para ejercer el poder sobre los cuerpos y las conciencias”, que operó al margen del derecho y al amparo del aparato militar y civil.
El jurista Carlos Nino, asesor del presidente Alfonsín, sostuvo que “el Proceso instauró un sistema de aniquilación física y simbólica de toda disidencia”, lo que configura el delito internacional de genocidio, aunque la calificación jurídica aún genera debate.
Hoy se reconoce que hubo al menos 30 mil desaparecidos, cifra que, más allá de los números, representa el intento deliberado de borrar toda oposición mediante el terror.
Capítulo 3. El plan económico: dependencia, endeudamiento y concentración
Desde la mirada económica, el golpe de 1976 no solo buscó disciplinar socialmente, sino reconfigurar la estructura económica del país en favor de intereses concentrados.
El ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz implementó un plan de apertura indiscriminada, desregulación financiera, y endeudamiento externo.
Se eliminó la protección industrial, se promovió la especulación y se destruyeron sectores productivos enteros.
Según Eduardo Basualdo, se trató de “la consolidación de un nuevo bloque de poder económico, basado en el capital financiero transnacional y grupos económicos locales beneficiados por la dictadura”.
El resultado fue:
una inflación reprimida seguida por hiperinflación,
el cierre de miles de PYMEs,
un crecimiento exponencial de la deuda externa (de 7.000 millones en 1976 a 45.000 millones en 1983),
y el enriquecimiento de sectores vinculados al poder militar y financiero.
Como sostuvo Aldo Ferrer, “el objetivo fue desarmar la capacidad de desarrollo autónomo de la Argentina y someterla a una lógica de dependencia estructural”.
Capítulo 4. Los civiles en la dictadura: complicidades y silencios
Desde las ciencias sociales, la dictadura no puede entenderse sin el rol activo o cómplice de sectores civiles: medios de comunicación, grandes empresarios, jerarquía eclesiástica, sistema judicial y parte del sistema universitario.
Organismos como el CELS y el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad (2015) han demostrado que más de 25 grandes empresas -como Ledesma, Mercedes Benz, Acindar, Techint- colaboraron con los militares, entregaron listas de delegados y facilitaron secuestros en fábricas.
En palabras del sociólogo Daniel Feierstein, “el genocidio argentino no se limitó al exterminio biológico, sino que tuvo como objetivo reorganizar las relaciones sociales, disciplinar el cuerpo social e imponer una subjetividad neoliberal”.
Capítulo 5. La recuperación democrática y el Juicio a las Juntas
Desde la mirada del derecho constitucional, el retorno a la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín implicó una gesta institucional inédita: juzgar a los responsables del terrorismo de Estado con garantías procesales.
El Juicio a las Juntas de 1985 fue el primer proceso judicial en el mundo llevado a cabo por una democracia naciente contra sus dictadores.
Fue una bisagra histórica. La sentencia -que condenó a Videla, Massera y otros jerarcas- sentó un precedente en materia de justicia transicional y recuperó el valor de la verdad y el derecho.
El alegato final del fiscal Julio César Strassera, con su célebre “Nunca más”, no fue solo una expresión moral, sino la reapropiación de la democracia como horizonte ético y político.
Capítulo 6. Herencias del terror: la dictadura como herida persistente
Desde una perspectiva comunicacional, cultural y política, el golpe de 1976 sigue proyectando su sombra sobre el presente argentino.
Las matrices de pensamiento, el miedo al conflicto, el discurso del “orden”, la naturalización de la desigualdad y la criminalización de la protesta son algunas de las marcas indelebles que dejó el Proceso.
En el campo económico, la deuda externa actual -en parte estructural- se vincula con el endeudamiento originado en dictadura.
Los beneficiarios del modelo -grupos económicos y fondos financieros- continúan hoy operando con fuerte poder de lobby.
Las políticas de memoria, verdad y justicia, junto a los juicios por delitos de lesa humanidad que aún se desarrollan, son expresiones de resistencia ética y jurídica frente al intento de reinstalar una mirada negacionista o relativista de lo ocurrido.
Conclusión: Lo que no se nombra vuelve como amenaza
El golpe de 1976 no fue solo una interrupción democrática.
Fue una tragedia fundante, una violencia originaria que buscó redefinir el país desde la represión, el miedo y la desigualdad.
Hoy, a casi medio siglo, el mandato del Nunca Más no es solo conmemorativo, es político: implica recordar que la democracia no es solo el derecho al voto, sino la garantía de derechos, la dignidad humana y la justicia social.
Como escribió Rodolfo Walsh en su Carta a la Junta Militar (1977): “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires”.
El ensayo de Walsh, su secuestro, su desaparición, y el dolor de 30 mil ausencias, nos obligan a no retroceder nunca.
Porque cada vez que se relativiza el terrorismo de Estado, cada vez que se niegan los 30 mil, se dinamita la posibilidad de construir un país democrático, justo y humano.
