El llamado de Javier Milei a auditar organismos autárquicos plantea una pregunta inevitable: ¿por qué no comienza auditando sus propios gastos presidenciales y las cuestionables decisiones económicas que ha tomado? Mientras Milei pone en la mira a diferentes instituciones del Estado, sus propios movimientos fiscales y administrativos pasan desapercibidos, a pesar de involucrar montos alarmantes y decisiones económicas de gran envergadura.
Un ejemplo claro son los gastos excesivos de la Presidencia, que incluyen más de 2.300 millones de pesos en viajes internacionales, muchos de los cuales carecen de un claro propósito oficial.
A esto se suman 290 millones de pesos en el mantenimiento de la Quinta de Olivos, y un aumento generalizado en los presupuestos de la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete.
Este incremento en el gasto político contrasta con el discurso de austeridad que Milei promueve públicamente. Los pasivos remunerados del Banco Central fueron al Tesoro bajo la gestión de Milei representando una forma oculta de estatización de deuda privada.
Mediante la emisión de Letras Capitalizables (LECAPs) y Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), Milei ha trasladado la carga financiera de los bancos al Estado, incrementando la deuda pública en aproximadamente 89.000 millones de dólares.
Esta decisión compromete seriamente la capacidad fiscal del país en el futuro, ya que implica una mayor vulnerabilidad frente a las obligaciones financieras del Tesoro.
Lo más alarmante es quo las auditorías, Milei ha decidido utilizar la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo dependiente de la Presidencia y, por lo tanto, cuestionado por su falta de imparcialidad.
A diferencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso y actúa como un ente independiente, la SIGEN está atada directamente a la oficina del propio Milei. Esto pone en duda la transparencia de cualquier auditoría que se realice desde el Ejecutivo.
Es imperativo que Milei sea el primer auditado por sus excesos en el gasto presidencial como por su decisión de socializar la deuda privada, comprometiendo las finanzas públicas.
No se puede pedir austeridad a las instituciones del Estado mientras la propia Presidencia no predica con el ejemplo.
