En el país donde la promesa de la justicia social parece cada vez más lejana, el aumento en las tarifas de energía eléctrica y agua potable está generando una oleada de descontento y enojo social, particularmente en las provincias.
Este malestar no es solo el resultado de las medidas de ajuste del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, sino también de la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos provinciales para mitigar sus impactos.
Un ejemplo alarmante de esta situación se vive en Formosa, donde la distribuidora eléctrica REFSA y la potabilizadora y distribuidora Aguas de Formosa, ambas con directores estatales, han intensificado los cortes de energía y agua en los últimos días.
El caso del agua potable es especialmente preocupante. Los cortes de suministro son claramente inconstitucionales, ya que los pactos internacionales protegen el derecho a la salud de las personas.
Sin embargo, aquellos que se autodenominan defensores de la justicia social, pero que se han convertido en una oligarquía política provincial al amparo del Estado, han votado a favor de la ley que regula el servicio y permite estos cortes.
En una provincia como Formosa, donde la dependencia energética es crítica, los subsidios son tan insuficientes que apenas alcanzan para mantener encendidos un foco y un ventilador.
Esta situación es un ejemplo claro de lo que la filósofa Hannah Arendt denominó «la banalidad del mal». Los funcionarios provinciales, en su burbuja de privilegio social, parecen seguir una línea de acción que normaliza el ajuste impuesto por Milei.
Al no verse afectados personalmente por las consecuencias de sus decisiones, perpetúan un sistema injusto con una indiferencia alarmante.
Es imperativo que se tomen decisiones más empáticas y responsables.
Los gobernantes provinciales deben reconocer que su rol no es simplemente denunciar y romperse las vestiduras frente a las medidas de ajuste, sino proteger a sus ciudadanos y garantizar sus derechos básicos.
La normalización de políticas que afectan gravemente la calidad de vida de la población no solo es moralmente reprobable, sino que también siembra la semilla del descontento social que puede estallar en cualquier momento.
La situación en Formosa debe servir como un llamado de atención urgente.
Los ciudadanos merecen un liderazgo que no solo entienda su realidad, sino que actúe decididamente para mejorarla.
Ignorar el enojo y la frustración social es jugar con fuego en un contexto donde la estabilidad y la paz social son cada vez más frágiles.
Los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de intervenir y ofrecer soluciones reales y sostenibles.
De lo contrario, estarán condenando a sus propias provincias a una espiral de conflictividad y desesperanza.
Es hora de que los líderes provinciales se levanten y muestren el verdadero significado de la justicia social, tomando medidas que realmente protejan y beneficien a todos sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
